Existen dos formas de argumentar las razones por las que es necesario invertir en cerrar las brechas de desigualdad: razones de justicia y razones económicas. La buena noticia es que ambas no solo son compatibles, sino que apuntan a resultados beneficiosos para alcanzar el sueño de que todas y todos disfrutemos de una vida digna, con ayuda de una inversión de los recursos públicos eficiente.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través de su oficina para América Latina y el Caribe, publicó en diciembre de 2019 el informe “Sistematización de evidencias sobre consecuencias económicas y sociales del embarazo adolescente”, donde se señala que los niveles de fecundidad adolescente en América Latina son solo superados por los del África Sub-sahariana. El coste de oportunidad de esta situación se representa a tres niveles: individual (madre e hijo/a), familiar y de sociedad (comunidad y estado).

Los impactos individuales son los más evidentes. En educación, se traducen en abandono o retraso escolar: las mujeres convertidas en madres en su adultez permanecen 3 años más en la escuela y tienen 5 veces más probabilidad de ir a la universidad. En el trabajo, se reduce la participación en el mercado laboral, inferior tasa de trabajo formal e ingresos un tercio menores para las mujeres convertidas en madres en su adolescencia respecto al resto. Más doloroso aún es que la adolescente cuyo embarazo fue no deseado o imprevisto, tiene un riesgo 4 veces mayor de sufrir violencia, además de tener más riesgo de mortalidad materna e infantil, menor peso del recién nacido y mayor tasa de suicidios.

Los impactos en el entorno familiar indican una mayor probabilidad de que los hijos de adolescentes se conviertan en futuros padres adolescentes, presenten mayor pobreza multidimensional y peor salud, y se creen más hogares monoparentales. Finalmente, el estado se ve afectado, pues las jóvenes madres son más dependientes de ayudas, programas sociales y asistencia médica, además de generar menos recaudación tributaria por su precariedad laboral y menor productividad, lo que alarga la necesidad de la asistencia pública.

Según el estudio “Consecuencias socioeconómicas del embarazo y maternidad adolescente en el Perú”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la maternidad temprana ocurrida en 2019 le ha costado al país medio millón de dólares cada mes. No obstante, la cifra actual debe ser mayor ya que, según datos del Ministerio de Salud, en 2022 se registraron 30,000 embarazos de jóvenes y niñas de hasta 19 años, sólo entre enero y septiembre del año pasado. Y lo más preocupante: el número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1,158 a 1,438 entre 2020 y 2021. Eso sin olvidar que, según la legislación peruana, el embarazo en una niña de 14 años o menos edad es consecuencia -en todos los casos- de una violación sexual, y por tanto deberían ser investigados y procesados invirtiendo todos los recursos públicos necesarios.

Las consecuencias económicas del embarazo adolescente y su rol en la perpetuación integeneracional de la pobreza deberían ser materia de un análisis técnico desde el Estado, para reforzar nuestra inversión en prevención, educación y fortalecimiento comunitario, más allá de ideologías políticas o religiosas. Mientras, seguimos expectantes de la decisión que el Tribunal Constitucional tomará hoy sobre la continuación o no de la distribución gratuita de las píldoras del día siguiente. Su posición condicionará el futuro de niñas violadas y adolescentes desinformadas o abusadas para las que esa píldora no abortiva suponía hasta la fecha una segunda oportunidad en la vida.