El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas publica desde 2019 un interesante informe anual llamado “El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Panorama de Género”. Su edición “Panorama de Género 2021” o “Gender Snapshot 2021” comienza así: No dejar a ninguna mujer ni a ninguna niña atrás, recordándonos que los daños proferidos por la pandemia sobre las poblaciones más vulnerables siguen siendo desiguales y por tanto, si no frenamos el aumento de la pobreza y la inequidad, no avanzaremos en conseguir los tan ansiados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Efectivamente, hemos sufrido un retroceso en el cierre de brechas educativas, económicas y de igualdad en todo sentido. La ONU nos recuerda que el número de personas que no estudian ni trabajan, más conocidos como NINIS, pasó del 28% en el cuatro trimestre de 2019 al 48% un año más tarde entre las mujeres. Sin embargo, difícilmente se puede afirmar que las mujeres “no han hecho nada en pandemia” tal como veremos en los datos de trabajo doméstico y no remunerado. Esta “neutralización de los avances” tal como la define el informe, no es más que el recordatorio de que una participación real de la mujer en la toma de decisiones, la política, la economía y el ejercicio libre de su ciudadanía es imposible sin un apoyo definitivo a su posicionamiento en todas las dimensiones del poder, la propiedad y el liderazgo, de modo que los agentes externos, sean una pandemia o un Ministerio de la Mujer que pasa de manos de una negacionista del enfoque de género a una -felizmente- feminista, no sean factores de retroceso desproporcionado para las mujeres.

Por primera vez, el informe anual Panorama de Género aúna los datos más recientes para cada uno de los 18 indicadores con los que se mide el ODS número 5 sobre igualdad de género. Estos indicadores miden aspectos clave tales como la existencia o no de marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por sexo, la presencia de mujeres en el parlamento o los puestos ejecutivos de las empresas, la disponibilidad de fondos públicos para promover la igualdad y empoderar a las mujeres, la posibilidad de tener títulos de propiedad sobre la tierra de la mujer rural, el acceso a planificación familiar, el número de niñas y mujeres que sufren violencia sexual e incluso si poseen celular. Todos ellos conforman la ecuación para medir la igualdad profesada por el ODS 5.

En dicho análisis, se realizan dos niveles de evaluación: el nivel de avance respecto al cumplimiento de la meta, y una evaluación de tendencias, que mide el ritmo del progreso. Los resultados son un tanto descorazonadores, pues a nivel mundial solo uno de los 18 indicadores está “cercano a la meta”, justo el referido a la proporción de escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales. Si aterrizamos a América Latina y el Caribe, tenemos un buen nivel de avance en el número de parlamentarias a nivel nacional y en los cargos directivos en empresas, así como en la toma de decisiones sobre el matrimonio o la salud reproductiva. 

Sin embargo, nuestra región está lejos del ODS 5 en dimensiones como el reparto del trabajo no remunerado y a medio camino en asuntos como matrimonio infantil, escaños en gobiernos locales, leyes de igualdad de acceso a salud o información reproductiva. No obstante, cabe señalar que la gran carencia de datos impide conocer con precisión el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general, y el ODS 5 en particular. No contamos con datos mundiales precisos sobre áreas tan fundamentales como la violencia sexual, el acceso a la propiedad de la tierra o los sistemas para medir los avances en igualdad.

Si incursionamos específicamente en los datos de Naciones Unidas en el Perú, no encontramos mucha información desde que comenzó la pandemia pero sí sabemos que reprobamos alarmantemente respecto a la violencia- el 54.8% de las niñas y mujeres entre 15 y 49 años afirmaban en 2020 haber sido víctimas de violencia alguna vez en su vida por sus parejas- mientras la línea 100 del Ministerio de la Mujer colapsa con un aumento de las denuncias del 97% respecto a 2019. También duele conocer que aún en 2018 existían 56,000 niñas casadas o convivientes en uniones tempranas. Buenas noticias respecto al 40% de curules del Congreso ocupados por mujeres y respecto a la tendencia de disminución de la brecha salarial pre pandemia.

Más conocida es la situación de la carga de trabajo no remunerada, sobre la cual Álvaro Beltrán, especialista de PNUD, en conversación con La Mula reveló las cifras de su encuesta en 2020, en la que el 45% de las mujeres refirió un aumento en la carga de trabajo doméstico y de cuidado, ya sustancialmente asimétrica antes de la pandemia. Esto ha repercutido también en la más lenta recuperación del trabajo formal y a tiempo completo de las peruanas en estos meses de disminución progresiva del desempleo.

No lloremos sobre mojado. No hemos recuperado el empleo perdido y la aún deficitaria apertura de las escuelas supone una amenaza para el desarrollo y educación de las niñas, y el acceso al trabajo remunerado de las madres. Las mujeres migrantes, aquellas con necesidad de atención médica especial o alguna discapacidad, el aumento de la inseguridad y otras desventajas estructurales no nos pueden detener. Sigamos exigiendo a nuestros gobernantes que trabajen reconociendo las discriminaciones históricas y la necesidad de políticas y presupuestos públicos que permitan a las niñas y mujeres desarrollar su máximo potencial, vivir sin violencia y elegir su destino. Sigamos exigiendo avances al sector privado hacia un modelo de liderazgo donde también nosotras podamos llegar a la cima. Eduquemos en igualdad a nuestros hijos e hijas. Sigamos vigilantes para demandar la expulsión a los primeros ministros, congresistas y funcionarios que enarbolan la bandera de los valores en una mano, mientras, a puerta cerrada, vejan a las mujeres de su entorno.

Foto: Lorena Flores